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El objetivo de esta petición a la administración es resolver el problema de contaminación de suelos y acuíferos, deterioro paisajístico, intrusismo y el grave riesgo para la salud que produce la diseminación de escombros y los vertederos ilegales. Según la empresa, las plantas legales de valorización y reciclaje que le pertenecen alcanzan a gestionar 215.000 toneladas de residuos, tan solo un 20% de la producción que se estima que genere el sector. También se advierte de la presencia de materiales cancerígenos como el amianto en escombreras dispersas por toda la Comunidad a los que los ciudadanos están expuestos.
Mientras tanto y a la espera de una normativa propia que ayude a erradicar la clandestina eliminación de residuos procedentes de nuevas edificaciones, demolición de inmuebles y pequeñas obras, se ha habilitado un portal online en el que los ciudadanos pueden enviar fotos y localizaciones de zonas de acumulación de escombros que consideren irregulares.
Arci apremia a la Administración valenciana a que incluya entre sus prioridades “un necesario acuerdo por una gestión ordenada, transparente y eficiente de este tipo de residuos para paliar la situación de desigualdad y desventaja con respecto a otras comunidades como País Vasco, Navarra, Andalucía o Madrid”.
