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El Colegio de Arquitectos de Chile “lamenta la decisión del Ejecutivo de persistir en la tramitación con suma urgencia del Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, el cual como se ha evidenciado posee importantes inconsistencias que atentan contra la eficacia que un instrumento legal como este debiese alcanzar”, explican.

El Colegio reconoce la “imperante necesidad” de enfrentar la reducción del déficit habitacional y la construcción de ciudades integradas, armónicas y justas para todos sus habitantes, “pero para ello se requiere de un marco normativo a la altura de los desafíos que nos permita proyectar nuestros asentamientos a largo plazo, de manera equilibrada y sustentable”, dicen.

Como ya lo han señalado anteriormente en el Congreso, a las autoridades ministeriales y a través de diferentes comunicaciones, el proyecto de ley que se discute “no incorpora herramientas diferentes a las que hoy poseen nuestras instituciones, particularmente los Servicios de Vivienda y Urbanización, Serviu, los que cuentan desde hace largos años con las atribuciones señaladas en la presente iniciativa legislativa”.

Desde la orden gremial, particularmente a través del Comité de Hábitat y Vivienda, han desarrollado una propuesta de instrumento de planificación territorial para la gestión y transformación de las ciudades, el cual incorporado al Plan de Emergencia Habitacional propuesto por el Senador Carlos Montes, “confiamos podrá planificar, diseñar, desarrollar e implementar todo tipo de proyectos intersectoriales y plurianuales sobre paños de utilidad pública, que respeten la calidad de vida de las personas en las ciudades chilenas”, señalan.

En efecto, se trata de un instrumento pensado para hacer proyectos habitacionales de calidad, recuperar paños en desuso, dinamizar y rehabilitar las áreas urbanas históricas y nuestro patrimonio arquitectónico, urbanizar campamentos, y regularizar situaciones que ponen en conflicto lo urbano y rural, entre otros.

“Finalmente, reiteramos nuestra plena disposición y voluntad para contribuir a la discusión y formulación de propuestas legales que aborden los problemas que afectan a nuestras ciudades, así como también para participar en todo diálogo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan nuestro país”.

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