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La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, Agremia, ha expresado su profunda preocupación tras la no convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 16/2025, que incluía, entre otras medidas, la prórroga de las deducciones fiscales en el IRPF por actuaciones de rehabilitación energética en viviendas y edificios.
Estas deducciones se consideran una herramienta clave para activar inversiones en aerotermia, autoconsumo fotovoltaico y otras actuaciones orientadas a la mejora de la eficiencia energética, alineadas con los objetivos europeos de reducción del consumo y descarbonización.
“Desde Agremia consideramos inaceptable que, en un asunto de carácter técnico, transversal y plenamente alineado con las directrices europeas de eficiencia energética, no exista un mínimo consenso político que permita mantener medidas que benefician directamente a la ciudadanía”, señala Emiliano Bernardo, presidente de la asociación.
La no convalidación del RDL deja en suspenso las deducciones fiscales previstas para:
- Instalaciones de aerotermia.
- Sistemas de autoconsumo fotovoltaico.
- Obras de reducción de la demanda energética y mejora de la eficiencia en viviendas y edificios.
Esta situación implica que los clientes de las empresas instaladoras asociadas a Agremia no podrán acogerse a estos incentivos fiscales, con un impacto directo en la actividad económica de un sector que emplea a miles de profesionales y resulta estratégico para cumplir los objetivos climáticos y energéticos del país.
Agremia reclama una tramitación legislativa urgente e independiente
Ante este escenario, Agremia hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que la medida se tramite de nuevo en el Congreso de forma separada y urgente, reduciendo la incertidumbre regulatoria que frena inversiones y paraliza proyectos de rehabilitación energética. La asociación subraya además la necesidad de contar con un marco fiscal estable que permita planificar actuaciones a medio y largo plazo.
“La continuidad de estas deducciones es esencial para que usuarios finales, comunidades de propietarios y empresas mantengan la confianza en la fiscalidad como instrumento de impulso a la eficiencia energética”, concluye Bernardo.
