El Cogiti denuncia a cuatro empresas por infracciones en la certificación energética

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti), que aglutina a 50 colegios profesionales, ha presentado una denuncia contra cuatro empresas por presuntas infracciones en materia de certificación energética de edificios. El consejo indica que las firmas aludidas “ofrecen, a través de las páginas web o mediante publicidad insertada en los medios de comunicación escritos, la formulación de los certificados de eficiencia energética de edificios ‘a distancia’ y ‘de oído’, sin que el técnico visite presencialmente el inmueble”, señalan en su denuncia.

Advierten que estos anuncios infringen la exigencia impuesta por el artículo 5.5 del procedimiento básico aprobado por el Real Decreto 235/2013, que claramente exige que “durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará las pruebas y comprobaciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio o con la parte del mismo”.

Según consta en la denuncia, las correspondientes empresas o profesionales “ofrecen, pura y llanamente, que el cliente sea quien suministre a su libre antojo los datos o fotografías del edificio, o la parte del mismo que vaya a ser objeto de la certificación. Por lo tanto, sin la más mínima garantía de la veracidad de los datos e imágenes aportados”.

Escrito a las CC AA
En esta línea, el Cogiti ha remitido un escrito a las consejerías de las comunidades autónomas con competencia en materia de certificación energética en edificios, denunciando la mala praxis por parte de las citadas empresas, puesto que sus órganos son responsables del control independiente de estos certificados y han de ejercer cuantas inspecciones sean necesarias al respecto.

Cabe añadir que, según este organismo, a consecuencia de la emisión de certificados de eficiencia energética falsos, la Administración competente podría incurrir en “responsabilidad indemnizatoria frente a esos terceros, con motivo del funcionamiento ‘anormal’ del servicio publico”.