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La Dirección General de Carreteras (DGC) empieza a recobrar pulso inversor, pues en los últimos tres meses ha licitado ingeniería por valor de 43,4 millones, la cifra más alta de lo que llevamos de década, se tratan de 38 concursos (21 proyectos y 17 contratos). 

No obstante, para la patronal, lo importante es que la entidad dependiente del Ministerio de Fomento haya decidido finalmente aumentar el peso de la calidad técnica en las valoraciones de las ofertas presentadas, pasando de los 20 a los 40 puntos, es decir, el doble.

Si bien desde Fidex se reclama que esta parte suponga el 80% y el precio el 20%, por lo menos se aleja de las subastas que vienen realizando de manera continuada otras entidades como Adif y Aena. La primera otorga 75 puntos al precio por solo 25 puntos teóricos a la calidad técnica, pero al no ser rechazadas ofertas temerarias y al no existir prácticamente discriminación en las puntuaciones técnicas, la adjudicación termina siendo siempre por subasta. En Aena es subasta 100% aunque las empresas que concurren a sus licitaciones deben acreditar un mínimo de capacidad técnica.

En paralelo la Dirección General de Carreteras ha frenado en seco la escalada de bajas, ya que en estos concursos se contempla que la oferta considerada temeraria es aquella cuya baja económica supera a la baja media en más de 2,5 puntos, frente a los 10 puntos que se utilizaban antes, algo fundamental si se quiere apostar por una ingeniería de calidad. La empresa Adif sigue adjudicando en cambio con bajas de alrededor del 65% sobre el precio que consideran razonables sus propios técnicos.

Tras este primer paso, hay que dar otros en la misma dirección

Pese a este primer e importante paso a favor de la calidad en la ingeniería, la patronal de ingenierías destaca también que, de acuerdo a los pliegos de estos concursos, casi cualquier ingeniería puede optar a ganarlos debido a que se exige muy poca solvencia técnica y financiera.

Esta situación podría desembocar en que una microempresa de ingeniería de menos de diez empleados con una facturación de poco más de un millón de euros al año, podría presentarse a cualquiera de los concursos convocados y llegar incluso a ganarlos todos, porque la valoración de las ofertas no contempla ni la carga real de trabajo de la empresa licitadora ni su capacidad de producción.

En este sentido, desde Fidex se considera que a la hora de licitar debería pedirse una solvencia técnica y económica diferente en función de la importancia del proyecto. Los grandes proyectos, que requieren un mayor número de técnicos y especialistas de más disciplinas, deberían exigir empresas de mayor tamaño, con equipos multidisciplinares propios que cubran todas las especialidades necesarias. “No parece lógico que el Ministerio pueda adjudicar a una empresa un contrato que represente prácticamente toda su capacidad”, concluyen desde Fidex.

 

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