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El registro de alquiler de corta duración se ha convertido en un requisito obligatorio desde este 1 de julio de 2025 para poder anunciar alojamientos en plataformas digitales de alquiler vacacional y de temporada en España. A partir de esta fecha, será necesario incluir el Número de Registro del Alquiler en todos los anuncios publicados en línea, tanto si el arrendamiento es por habitaciones como si corresponde a una vivienda completa, siempre que se obtenga una remuneración económica.
Con esta medida, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en aplicar la normativa comunitaria sobre alquileres de corta duración, en vigor tras un periodo transitorio de seis meses iniciado el pasado 2 de enero. La implantación ha sido gestionada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Más de 215.000 solicitudes en el primer semestre
Entre el 2 de enero y el 30 de junio, se han registrado 215.438 solicitudes de inscripción en el sistema. De estas, 94.209 han sido activadas de forma definitiva, mientras que 102.732 permanecen en estado provisional, a la espera de verificación por parte del Colegio de Registradores (con un plazo de hasta 15 días). Otras 18.497 solicitudes han sido revocadas.
El ritmo de registro se ha intensificado notablemente en el último mes: desde el 1 de junio se han presentado 134.364 nuevas solicitudes, lo que representa un aumento del 165,73% respecto al acumulado anterior. El día con mayor volumen fue el 27 de junio, cuando se alcanzaron 10.084 inscripciones en un solo día.
Predominio del alquiler turístico y concentración en zonas costeras
El 78,87% de las solicitudes corresponde a alquileres turísticos (169.908), frente al 21,13% de alquileres de temporada (45.529). Esta proporción se mantiene también entre las solicitudes definitivas, provisionales y revocadas.
Cinco comunidades autónomas concentran la mayoría de las solicitudes de uso turístico: Andalucía, Baleares, Canarias, Catalunya y Comunitat Valenciana, que agrupan el 82,22% de las activas y el 69,22% de las provisionales.
- En Andalucía, la provincia de Málaga concentra 27.936 de las 49.397 solicitudes totales.
- En Canarias, destacan Gran Canaria (16.719) y Tenerife (13.341), con un total de 30.060.
- En Catalunya, Barcelona (9.521), Tarragona (6.659) y Girona (9.521) suman 27.818 registros.
- En la Comunitat Valenciana, Alicante encabeza con 14.515 solicitudes, seguida de València (4.506) y Castellón (2.909), con un total de 21.929.
Funcionamiento del sistema y obligaciones para plataformas
El sistema se gestiona mediante la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un canal electrónico diseñado para facilitar el intercambio de datos entre plataformas de alquiler y administraciones públicas, así como para informar sobre la normativa aplicable a cada tipo de alojamiento.
Las solicitudes se tramitan a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores o del Registro de la Propiedad competente, e incluyen detalles como el tipo de arrendamiento (turístico o de temporada), la modalidad (por habitaciones o vivienda completa), y, si procede, la documentación acreditativa de licencias administrativas.
Una vez presentada la solicitud, se asigna un número de registro provisional, que permite comenzar a operar en las plataformas. Este código debe figurar en todos los anuncios. El número se convierte en definitivo tras la verificación del cumplimiento normativo. En caso contrario, será revocado si no se subsanan las deficiencias.
Quedan exentos de esta obligación los alojamientos de turismo rural sujetos a regulaciones específicas que incluyan servicios adicionales como el desayuno, ya que se asimilan a la normativa hotelera.
Control y seguimiento a partir del 1 de julio
Con la entrada en vigor de esta fase definitiva, el Ministerio comenzará a emitir resoluciones para exigir la retirada de anuncios que no cuenten con un número de registro válido, o que hayan sido anulados por los registradores.
La ministra Isabel Rodríguez ha subrayado que esta regulación busca combatir el alquiler turístico ilegal, así como prácticas especulativas en los arrendamientos de temporada, con el objetivo de proteger el acceso a la vivienda y el equilibrio en los entornos urbanos.
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