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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentó al Consejo de Ministros el Informe de avances y líneas maestras del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, que tendrá un presupuesto de 7.000 millones de euros, triplicando la inversión del plan anterior. El objetivo, según explicó, es consolidar un sistema público estable de acceso a la vivienda.
El plan se articula en torno a tres ejes estratégicos: ampliar la oferta de vivienda pública con protección permanente, reforzar la regulación y aumentar las ayudas al acceso mientras se consolida el parque público. La ministra subrayó que el programa busca evitar errores del pasado, en particular la pérdida de protección de viviendas públicas que pasaban posteriormente al mercado libre.
Principales objetivos del PEV 2026-2030
El documento establece cinco metas prioritarias:
- Incrementar el parque de vivienda asequible, asegurando su protección permanente.
- Rehabilitar viviendas existentes bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad, con impacto también en la regeneración urbana y rural.
- Reducir la edad de emancipación juvenil, mediante un conjunto de ayudas directas y avales.
- Disminuir el esfuerzo financiero de los hogares, con el compromiso de que no se destine más del 30% de los ingresos a vivienda.
- Revertir zonas de mercado tensionado, aplicando políticas que contengan y reduzcan precios de compra y alquiler.
Distribución de recursos
El plan prevé un reparto de financiación conforme a las competencias constitucionales: 60% aportado por el Estado y 40% por las comunidades autónomas.
La asignación de los fondos se estructura en cinco líneas:
- Más vivienda: el 40% del presupuesto se destina a nueva vivienda protegida de carácter permanente, recuperando ayudas a la construcción de VPO y blindando su función pública.
- Mejor vivienda: un 30% se dirige a la rehabilitación, con el objetivo de reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable en 260.000 viviendas. Se contemplan incentivos adicionales en zonas patrimoniales o para viviendas vacías que se incorporen al alquiler asequible.
- Emancipación juvenil: medidas como ayudas al alquiler, alquiler con opción a compra de vivienda protegida (hasta 30.000 euros), compra en municipios en riesgo demográfico (más de 10.800 euros) y avales públicos para facilitar el acceso.
- Reducción del esfuerzo financiero: ayudas específicas al alquiler para garantizar que el gasto en vivienda no supere el 30% de los ingresos.
- Zonas tensionadas: actuaciones para estabilizar precios en áreas con presión de mercado.
Marco de actuación
El Gobierno enmarca este plan como un “cambio de paradigma” frente a políticas anteriores centradas en criterios exclusivamente económicos, apostando ahora por una inversión pública estructural. El Ejecutivo plantea la iniciativa como una respuesta al “consenso social y académico” sobre la necesidad de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.
