La conservación de carreteras alerta sobre los riesgos de priorizar el precio en la contratación pública

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) ha manifestado su defensa del actual sistema de contratación pública y ha advertido sobre las posibles consecuencias de adjudicar servicios priorizando exclusivamente el precio.

La asociación sostiene que la subasta pública, al centrarse casi únicamente en el coste más bajo, puede relegar factores esenciales como la calidad técnica, la innovación, la sostenibilidad ambiental y la seguridad vial, elementos considerados determinantes para la eficiencia del servicio a largo plazo. Según el sector, los gestores públicos deben optimizar los recursos disponibles, pero sin comprometer la seguridad de los usuarios ni la estabilidad del sistema de conservación. La máxima que repiten es: "lo barato puede salir caro".

La reforma se produce en un contexto complejo para el sector, que ha enfrentado en los últimos años presión inflacionista, aumento de los costes energéticos y de materias primas, y dificultades para atraer y retener personal cualificado. Las empresas advierten de que un modelo excesivamente centrado en el precio podría reducir los márgenes de las compañías, comprometer su viabilidad económica y afectar directamente a la prestación del servicio. Además, señalan que esta situación podría agravar el déficit de inversión acumulado en la red de carreteras.

El modelo de concurso tradicional ha permitido, según el sector, valorar aspectos como la experiencia, la solvencia técnica y la capacidad de innovación de las empresas. De este modo, la competencia no se ha basado únicamente en costes, sino también en la aportación de soluciones técnicas con valor añadido para el ciudadano. La directora general de Acex, María López, aseguro que:"la calidad debe ser el eje central de la contratación pública en servicios tan sensibles como la conservación de carreteras".

Normativa europea y evaluación técnica

La normativa europea también es citada como marco de referencia. La Directiva 2014/24/UE establece que la contratación pública debe garantizar competencia, transparencia y protección del interés general. Desde el sector se interpreta que reducir la adjudicación al precio puede desvirtuar el principio de mejor relación calidad-precio, con riesgos potenciales como bajas económicas excesivas, deterioro progresivo del servicio, menor calidad del empleo y desincentivación de la innovación tecnológica.

Los expertos también advierten de que eliminar completamente la evaluación técnica en contratos complejos puede limitar el análisis de factores estratégicos, como la planificación operativa, la gestión de riesgos o la incorporación de avances tecnológicos. Asimismo, destacan que las llamadas "mejoras" no deberían limitarse a aumentar la cantidad de actuaciones, como ofrecer más kilómetros de intervención o mayor volumen de trabajos, sino que deberían centrarse en mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos.

Implicaciones para ciudadanos y Administración

• La calidad se transforma en cantidad. El modelo podría favorecer propuestas que ofrezcan más actuaciones, pero no necesariamente mejores soluciones técnicas, ya que se compararía principalmente el volumen de trabajo y el precio.
• Riesgo de mayor coste a largo plazo. Aunque no se produzcan incumplimientos legales, el uso de materiales menos duraderos o la simplificación de procesos podría generar un deterioro progresivo que aumente los costes futuros de mantenimiento para la Administración y, por extensión, para los ciudadanos.
• Menor impulso a la innovación. La innovación tecnológica podría dejar de ser un elemento competitivo, al convertirse en un coste no valorado dentro de los criterios de adjudicación.
• Mayor presión económica sobre las empresas. Para ganar contratos, las compañías podrían verse obligadas a reducir precios y, simultáneamente, ofrecer actuaciones adicionales, lo que tensionaría sus estructuras de costes.
• Menor capacidad de análisis técnico. La Administración podría perder margen para seleccionar la opción más sólida en términos de diseño del servicio, gestión de riesgos y seguridad vial.
• Riesgo reputacional y de eficiencia pública. El sector advierte de que un sistema excesivamente basado en el precio podría cuestionar si las adjudicaciones responden realmente al interés general.

En conclusión, el sector sostiene que un sistema de contratación centrado exclusivamente en precio y cantidad puede simplificar los procesos de adjudicación, pero también reducir la capacidad estratégica de la Administración para garantizar la eficiencia real del servicio de conservación de infraestructuras a medio y largo plazo.