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El Congreso de los Diputados ha convalidado esta mañana el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas y una modificación normativa destinada a impulsar la construcción de vivienda pública y asequible.
La ampliación de los beneficios fiscales permitirá extender las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética a las actuaciones realizadas durante los años 2025 y 2026. Estas deducciones se aplican sobre las cantidades invertidas en rehabilitación que contribuyan a mejorar el consumo energético de la vivienda habitual, ya sea en uso o en alquiler, siempre que se acrediten mediante certificado de eficiencia energética.
¿Cuántas declaraciones se han presentado hasta ahora?
Entre 2021 y 2024, periodo en el que estas ayudas ya han estado en vigor, se han presentado un total de 291.763 declaraciones, con una bonificación media de 1.918 € por contribuyente. Estas actuaciones han permitido intervenir en 203.756 inmuebles, según los datos facilitados por el ejecutivo.
Futuras deducciones
Las deducciones previstas para los próximos ejercicios incluyen distintos tramos en función del alcance de las mejoras energéticas. Por un lado, se contempla una deducción del 20% para obras que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, se establece una deducción del 40% para actuaciones que disminuyan en un 30% el consumo de energía no renovable o permitan alcanzar una calificación energética A o B. Finalmente, en el caso de edificios de uso mayoritariamente residencial, se prevé una deducción del 60% para obras de rehabilitación que logren una reducción mínima del 30% del consumo o alcancen las mismas calificaciones energéticas, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Modificación de la ley
Además de las medidas fiscales, el decreto incorpora una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda pública y asequible. Este cambio introduce ajustes en los contratos de concesión para simplificar los procedimientos y fomentar la colaboración público-privada en proyectos sobre suelo o inmuebles de titularidad pública.
La nueva normativa establece particularidades específicas para los contratos cuyo objeto sea la construcción o rehabilitación de vivienda en suelo público, en línea con las fórmulas recogidas en la legislación vigente sobre el derecho a la vivienda.
