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El déficit de actividad constructora está generando, entre otras consecuencias, la pérdida de oportunidad en la generación de empleo. Según el Barómetro del Cemento, elaborado por el departamento de Estudios de Oficemen, la recuperación de un consumo de 25 millones de toneladas anuales "permitiría sumar 500.000 nuevas altas a la seguridad social, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que el volumen total de cotizantes necesario para mantener el estado del bienestar y el pago de las pensiones es de 20 millones de afiliados", aseguran.

 

El consumo de cemento en España ha cerrado 2017 con un crecimiento del 11%, lo que sitúa la demanda doméstica del pasado año en torno a los 12,3 millones de toneladas, según el Barómetro de Oficemen. Este dato, junto a las variaciones en el número de afiliados a la seguridad social, "son los indicadores más fiables del estado de salud de la construcción en nuestro país".

"Se confirma, por tanto, el inicio de la recuperación del sector", aunque dicho porcentaje, en valores absolutos, solo supone un crecimiento de poco más de un millón de toneladas, una cifra reducida si tenemos en cuenta que desde 2007 la industria cementera ha perdido un 80% de su volumen de actividad. Para 2018, el departamento de Estudios de Oficemen prevé que se alcance un consumo de 13,7 millones de toneladas, con un incremento del 12% en la demanda doméstica.

Exportación

La cifra de exportación cerró el año 2017 por debajo de los 9 millones de toneladas, con una caída cercana al 10%, motivada por la pérdida de competitividad del sector debido principalmente al incremento de los costes eléctricos. La industria española soporta en la actualidad uno de los costes más elevados de Europa —hasta un 30% más caros— lo que penaliza su competitividad exterior.

En la actualidad, España es el primer exportador de cemento de la Unión Europea y el octavo a nivel mundial, posiciones que podrían peligrar de mantenerse los costes actuales. Desde Oficemen se insiste en que es necesario que se desarrolle, programe y regule una política de apoyo a la industria, como elemento fundamental de nuestra vertebración social, y a las exportaciones, lo cual pasa, entre otras medidas, por contar con un precio eléctrico competitivo y razonablemente previsible.

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