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Las sucesivas olas de calor en España han provocado un repunte en la demanda de equipos de aire acondicionado, pero también un incremento en los casos en los que estos sistemas se instalan sin cumplir la normativa, según advierte la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía, Agremia.
Aunque la venta directa al cliente final es legal, Agremia recuerda que, salvo en el caso de equipos portátiles, la instalación debe ser ejecutada por empresas habilitadas, tal como exige el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, Rite, y el Real Decreto 115/2017, que regula el uso de gases fluorados y la certificación de los profesionales que los manipulan.
Nuevas competencias y exigencias normativas
Con la incorporación de tecnologías inteligentes, criterios de eficiencia energética y exigencias medioambientales, el papel del instalador profesional va más allá del montaje. Debe conocer la integración de sistemas automatizados, el uso de energías renovables y garantizar una gestión adecuada de los residuos y de los gases refrigerantes mediante gestores autorizados.
Riesgos legales y sanciones económicas
Según Inmaculada Peiró, directora general de Agremia, “es fundamental que los equipos de climatización sean instalados por empresas habilitadas, que garanticen seguridad, legalidad y eficiencia”. De lo contrario, tanto el comercializador como el comprador pueden enfrentarse a sanciones de hasta 20.000 euros, si no se justifica que la instalación fue realizada por una empresa certificada.
Además, la instalación de estos equipos implica el uso y manipulación de gases fluorados, por lo que tanto la empresa como su personal deben contar con las acreditaciones correspondientes. Estos datos deben reflejarse en el formulario oficial que acredita la instalación conforme a la ley.
Alta demanda y proliferación de prácticas irregulares
En periodos de alta demanda, como los actuales, Agremia advierte de la aparición de instaladores no autorizados que actúan al margen de la normativa, aprovechando el desconocimiento del consumidor final. La asociación insiste en la necesidad de acudir siempre a empresas habilitadas, tanto para garantizar la seguridad técnica y legal de la instalación, como para evitar sanciones y problemas posteriores.
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