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Según la Casa que ahorra, las recientes modificaciones operadas en materia urbanística “y en concreto, en la edificación en nuestros país, han venido a poner de manifiesto la necesidad de llevar a cabo actuaciones que posibiliten la realización de intervenciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas como mecanismo para hacer efectivo, para todos, el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación”.
Frente a otros ámbitos urbanísticos a los que la legislación ya venía dando respuesta, se han evidenciado en los últimos años las carencias que la misma mostraba con respecto a las operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
En respuesta a dicha situación, la reciente aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como la modificación que la misma lleva a cabo del Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, “han contribuido a culminar un proceso evolutivo de modelo urbanístico”, tendente a mejorar la calidad de la edificación y a promover la innovación y la sostenibilidad, atendiendo a las exigencias de una mayor calidad de vida y de sostenibilidad ambiental, social y económica de los procesos edificatorios, urbanizadores y rehabilitadores.
En este contexto, y en virtud a un convenio suscrito en el año 2013 por la Fundación La Casa que Ahorra (FLCQA) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), estos organismos han desarrollado un ‘Modelo de Ordenanza de Rehabilitación’.
Se ha creado así como dar cumplimiento a las medidas que permitan mejorar la eficiencia energética de los edificios, instalaciones y construcciones y facilitar el acceso y la utilización de los mismos conforme a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo exigido por la legislación aplicable.
