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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha avanzado en el acuerdo con las comunidades autónomas para el despliegue de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, durante la reunión de la Comisión Multilateral celebrada el martes.
El encuentro ha estado presidido por el secretario de Estado, David Lucas, quien ha subrayado la necesidad de cerrar el acuerdo en torno a este plan como respuesta a la demanda social existente en materia de acceso a la vivienda. En este contexto, ha destacado que el programa constituye una herramienta de cooperación entre administraciones públicas y de impulso a la colaboración público-privada.
Conferencia sectorial
Durante la reunión también se ha abordado la convocatoria de la próxima Conferencia Sectorial, prevista para finales de mayo, en la que se aprobarán en primera vuelta los criterios de reparto de los fondos. Esta aprobación permitirá iniciar el procedimiento para transferir el primer desembolso correspondiente a 2026, que ascenderá a 800 millones de euros.
Participantes
A la reunión han asistido también el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres; la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval; la directora general de Planificación y Evaluación, Maribel Vergara; y el anterior director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín.
Plan estatal de vivienda 2026-2030
El nuevo Plan Estatal de Vivienda prevé triplicar los recursos gestionados por las comunidades autónomas, alcanzando los 7.000 millones de euros. El modelo establece una financiación compartida, en la que el Gobierno de España aportará el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.
Los fondos se destinarán a políticas públicas orientadas a garantizar la asequibilidad y la protección de la vivienda. En concreto, al menos un 40% se dirigirá a la construcción y adquisición de nuevas viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque existente y el 30% restante a medidas de apoyo a colectivos y territorios con mayores necesidades.
El plan estatal de vivienda incorpora mecanismos para asegurar la protección permanente de las viviendas financiadas con estos recursos, así como medidas de control como una cláusula antifraude en los procesos de adjudicación. Además, contempla el desarrollo de un sistema de datos públicos para mejorar el acceso a información transparente por parte de la ciudadanía.
