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El programa destinará el 40% de los recursos a nueva vivienda y reserva fondos para rehabilitación y protección social.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado de forma definitiva los criterios de distribución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros durante los próximos cinco años.

El nuevo programa contará con una aportación estatal de 4.200 millones de euros, a la que se sumarán al menos 2.800 millones de euros procedentes de las comunidades autónomas. La primera anualidad, correspondiente a 2026, dispondrá de una dotación de 800 millones de euros.

Un modelo de financiación compartida

El plan establece un sistema de corresponsabilidad financiera mediante el que el Estado aportará el 60% de los recursos y las comunidades autónomas asumirán el 40% restante. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, esta fórmula permitirá triplicar los fondos gestionados por las administraciones autonómicas respecto a programas anteriores.

 ANUALIDAD 2026FINANCIACIÓN ESTATAL 2026-2030FINANCIACIÓN MÍNIMA CCAA 2026-2030INVERSIÓN TOTAL

ANDALUCÍA

136.800.000 718.200.000 478.800.000 1.197.000.000

ARAGÓN

30.400.000 159.600.000 106.400.000 266.000.000

ASTURIAS

26.400.000 138.600.000 92.400.000 231.000.000

BALEARS

19.200.000 100.800.000 67.200.000 168.000.000

CANARIAS

42.400.000 222.600.000 148.400.000 371.000.000

CANTABRIA

15.200.000 79.800.000 53.200.000 133.000.000

CASTILLA Y LEÓN

43.200.000 226.800.000 151.200.000 378.000.000

CASTILLA-LA MANCHA

32.000.000 168.000.000 112.000.000 280.000.000

CATALUNYA

116.000.000 609.000.000 406.000.000 1.015.000.000

C. VALENCIANA

91.200.000 478.800.000 319.200.000 798.000.000

EXTREMADURA

24.000.000 126.000.000 84.000.000 210.000.000

GALICIA

45.600.000 239.400.000 159.600.000 399.000.000

C. DE MADRID

127.200.000 667.800.000 445.200.000 1.113.000.000

R. DE MURCIA

35.200.000 184.800.000 123.200.000 308.000.000

LA RIOJA

13.600.000 71.400.000 47.600.000 119.000.000

CEUTA

800.000 4.200.000 2.800.000 7.000.000

MELILLA

800.000 4.200.000 2.800.000 7.000.000

TOTAL

800.000.000 4.200.000.000 2.800.000.000 7.000.000.000

Prioridad para nueva vivienda y rehabilitación

Entre las principales novedades del plan destaca la distribución obligatoria de los fondos entre tres grandes líneas de actuación:

  • 40% para construcción y adquisición de vivienda.

  • 30% para rehabilitación del parque residencial existente.

  • 30% para programas de protección dirigidos a colectivos vulnerables y territorios con mayores necesidades de acceso a la vivienda.

Con este reparto, el Gobierno busca incrementar la oferta residencial, mejorar la eficiencia y conservación del parque edificado y reforzar las políticas de acceso a la vivienda.

Protección permanente y mayor transparencia

El nuevo marco incorpora medidas destinadas a garantizar la permanencia de la vivienda protegida financiada con recursos públicos. Todas las promociones desarrolladas con cargo al plan deberán mantener su condición de protección de forma permanente.

Asimismo, se introducen mecanismos orientados a reforzar la transparencia en los procesos de adjudicación mediante una cláusula antifraude, además de impulsar un sistema de datos públicos que facilite el acceso a información sobre vivienda y mercado residencial.

Consenso institucional y elaboración del plan

La aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 culmina un proceso de trabajo desarrollado entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las comunidades autónomas y distintos agentes del sector.

Según los datos facilitados por el Ministerio, durante la elaboración del documento se celebraron 28 reuniones técnicas y se analizaron 365 aportaciones procedentes de administraciones, organizaciones sectoriales y expertos, muchas de las cuales han sido incorporadas al texto definitivo.

La puesta en marcha del plan marcará la política pública de vivienda durante los próximos cinco años, con actuaciones centradas en la promoción de vivienda asequible, la rehabilitación residencial y la protección de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de la vivienda.

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