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Ciudadanos, empresas y administraciones podrán presentar observaciones hasta el 4 de noviembre sobre el futuro marco europeo de vivienda asequible.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto el trámite de información pública sobre la propuesta de reglamento europeo conocida como Affordable Housing Act, una iniciativa presentada por la Comisión Europea el pasado 9 de septiembre para establecer un marco común de medidas destinadas a mejorar la asequibilidad y disponibilidad de la vivienda en los Estados miembros.

La consulta permitirá recoger aportaciones de ciudadanos, organizaciones, empresas, administraciones públicas y otros agentes interesados. El plazo para presentar observaciones permanecerá abierto hasta el 4 de noviembre de 2026, y sus resultados contribuirán a definir la posición española durante la negociación de la futura normativa europea.

La Affordable Housing Act busca establecer criterios comunes para intervenir en el mercado residencial

La propuesta de la Affordable Housing Act plantea un marco regulatorio que permita a los Estados miembros evaluar y justificar determinadas actuaciones dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda.

Entre sus objetivos figura el establecimiento de criterios compartidos para identificar situaciones de tensión en los mercados residenciales, así como facilitar la adopción de medidas proporcionadas cuando las condiciones de acceso a la vivienda lo requieran.

La iniciativa responde a las dificultades de acceso a la vivienda detectadas en distintos territorios de la Unión Europea y plantea la necesidad de coordinar las políticas públicas para ampliar la oferta de vivienda asequible, reforzar el uso residencial del parque inmobiliario y favorecer mercados más equilibrados.

El futuro marco europeo también deberá abordar la relación entre las actuaciones comunitarias y las competencias de los Estados miembros, uno de los aspectos incluidos en el proceso de consulta.

La consulta pública analizará el impacto económico y social de la normativa

El procedimiento permitirá presentar observaciones sobre diferentes aspectos de la propuesta legislativa, especialmente aquellos relacionados con su aplicación en España y sus posibles consecuencias para el mercado inmobiliario y las políticas públicas de vivienda.

Entre las cuestiones sometidas a consulta se encuentran:

  • Subsidiariedad: adecuación de la intervención europea al reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros.
  • Competencias públicas: posibles efectos de la normativa sobre las administraciones responsables de las políticas de vivienda.
  • Asequibilidad y disponibilidad: capacidad de las medidas propuestas para mejorar el acceso a la vivienda y ampliar la oferta residencial.
  • Impacto económico y social: posibles repercusiones sobre los ciudadanos, los agentes económicos y el funcionamiento del mercado inmobiliario.

Las aportaciones recibidas se tendrán en cuenta en la elaboración del Estudio de Impacto de la Propuesta Legislativa Europea, EIPLE, un instrumento destinado a evaluar las implicaciones de las iniciativas normativas comunitarias y reforzar la participación española en su desarrollo.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el 4 de noviembre de 2026

Las personas físicas, empresas, asociaciones, entidades del tercer sector, administraciones públicas y profesionales vinculados al sector residencial podrán participar en el procedimiento.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado un formulario para recoger las observaciones, que podrán presentarse hasta el 4 de noviembre de 2026.

La documentación de la consulta y el formulario de participación están disponibles en la página web del Ministerio.

Las contribuciones servirán como base para la elaboración del EIPLE y podrán incorporarse al análisis que determine la posición de España durante la negociación de la Affordable Housing Act en las instituciones europeas.

La apertura de este trámite constituye una fase de participación y evaluación de la propuesta, por lo que no supone la aprobación ni la entrada en vigor de nuevas obligaciones para el sector residencial.

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