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El objetivo de la denuncia es que se eliminen los supuestos de discriminación, se garantice la seguridad jurídica de las inversiones y se permita el desarrollo futuro de las energías verdes.
La legislación adoptada por el Gobierno español en los últimos años constituye una “flagrante infracción” de las Directivas 2009/28/CE y 2009/72/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, respectivamente, así como del principio de confianza legítima de la Unión Europea.
En la petición que han presentado estas agrupaciones al Parlamento Europeo denuncian las condiciones en las que se encuentra el sector de las energías renovables en España y recuerdan las decenas de miles de afectados por los recortes a dichas energías y las enormes pérdidas de empleo que se han provocado.
“Están poniendo en riesgo un sector estratégico en Europa, vital para reducir la dependencia energética y lograr los objetivos medioambientales de la Unión Europea”. Un mal ejemplo, como recoge la petición al Parlamento europeo, “que podría ser seguido por otros Estados, poniéndose en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la Directiva de renovables”. Entre otros cambios denuncian la retroactividad, recorte de horas de producción, nuevos impuestos, moratoria, no actualización de las primas mediante el IPC o abolición de la modalidad de mercado más prima.
