por InfoConstrucción 23 de marzo, 2018 Sostenibilidad comentarios Bookmark and Share
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Sólo un 0,6% de los edificios de viviendas cumplen los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad, a pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con estos requisitos recogidos en el RDL de 2015, según la Fundación Mutua de Propietarios.

Esa es una de las conclusiones del estudio “La accesibilidad en las viviendas de España” elaborado por la Fundación en colaboración con la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, realizado para conocer el estado actual de la accesibilidad en las diferentes zonas del edificio: desde su acceso desde la calle hasta el interior de la vivienda.

Según el informe,en España, país miembro de la UE en el que más personas viven en pisos -cerca del 70%- existen 9,8 millones de edificios destinados a viviendas, de los que un 63% no son accesibles de la calle al portal porque, para empezar, existen escaleras en este punto. Además, solo el 28% de las fincas tienen rampa, que en algunos casos no es plenamente funcional.

La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, desvela que el 14% de los edificios no posee portero automático y, de los que lo tienen, el 68% no es accesible para una persona en silla de ruedas. Asimismo, en las viviendas que tienen telefonillo, únicamente el 29% es videoportero, dando un resultado de un escaso 9% de accesibilidad universal en este punto.

“Se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere” señaló el presidente de la Fundación Mutua de Propietarios, Miquel Perdiguer Andrés. En este punto, el informe señala que el 70% de los encuestados desconocen la norma (art. 10.1 Ley de Propiedad Horizontal) que permite a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad forzar adaptaciones de accesibilidad universal hasta un determinado importe, sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios.

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