por InfoConstrucción 3 de junio, 2020 Empresa comentarios Bookmark and Share
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Hispalyt valora de forma positiva el nuevo paquete de medidas de recuperación Next Generation EU que la Presidenta de la Comisión Europea ha presentado esta semana ante la Eurocámara, no obstante, entiende que no hay que perder de vista que es una propuesta que debe ser aprobada por unanimidad por todos los Estados miembros.

El paquete de medidas económicas presentado por Ursula von der Leyen dotado con 750.000 millones y "que contempla dos tercios como subvenciones y no deuda", se ajusta mejor a la situación de los países más afectados económicamente por la crisis provocada por la pandemia.

Sin embargo, este plan no solucionaría las necesidades urgentes de liquidez de las empresas afectadas por la crisis. Todavía será necesario que sea aprobado en los parlamentos de todos los estados miembros y posteriormente en Bruselas. En cualquier caso, todo el plan está pensado para recuperar a la UE a partir de 2021, sin atender al corto plazo. Con o sin intervención, es necesario "que la financiación llegue urgentemente a las empresas y que se inicie la tan necesaria reconstrucción de España y la UE ahora, no a partir de enero".

Este impulso económico debe ir acompañado de una serie de reformas estructurales y de calado que permitan el desarrollo económico, industrial y competitivo de España como único modo de "generar bienestar a medio y largo plazo". El apoyo económico de la UE tiene que estar condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por la UE y que responda a los ajustes de gasto y presupuestarios estipulados.

"Hispalyt entiende que la única vía para conseguir liquidez que tiene España es recibir el apoyo de la UE". Sin embargo, la propuesta de Bruselas no supone financiación del circulante, ni alivia la necesidad inmediata de liquidez para el arranque de la actividad, que cubra el pago de salarios, proveedores y otros gastos corrientes, ante una caída de la demanda y de ingresos como nunca se han visto.

Las medidas también deben ir encaminadas a "asegurar la solvencia futura" de las empresas para que puedan cumplir a medio plazo con sus compromisos económicos con garantías de continuidad de la actividad y del mantenimiento del empleo.

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