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En Ista ven con preocupación “el excesivo relajamiento de las comunidades de vecinos con calefacción central en cumplir con la normativa o, al menos, iniciar los trámites y pedir los presupuestos previos a la instalación”.
La comunidad autónoma de Galicia y algunas provincias de Castilla y León van especialmente retrasadas, lo que no solo supone un incumplimiento de la normativa, sino también un gasto innecesario para los habitantes de estas viviendas, que no pueden beneficiarse de los ahorros derivados de la instalación de repartidores de costes, cifrados en una media del 30% según Ista.
“Además, la no instalación de repartidores o contadores de calefacción está limitando el acceso a la tarifa TUR4 a muchas comunidades de vecinos, que tienen que presentar el certificado de inspección de una instalación que todavía no han acometido, sufriendo con ello un mayor sobrecoste en su factura energética”, explica el director general de Ista, Ignacio Abati.
Tras la aprobación del Real Decreto por el que se regula la Contabilización de Consumos Individuales de Calefacción aprobado en agosto de 2020, las comunidades con calefacción central han disfrutado de un plazo de tiempo suficiente para acometer la instalación de repartidores de costes que individualicen el consumo de calefacción de cada hogar.
“Han sido cerca de tres años desde que se aprobó la normativa y, aunque entendemos que las comunidades han precisado de un tiempo para conocer el contenido del Real Decreto, saber si estaban obligadas por él y buscar un proveedor de confianza para la instalación de repartidores de costes y la contabilización de consumos, creemos que es tiempo más que de sobra para que la instalación ya estuviese realizada”, manifiesta Abati.
En el caso de que una comunidad de propietarios deba realizar la instalación y no la haya ejecutado al finalizar el periodo establecido, la legislación contempla diversas sanciones basándose en la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Esta normativa establece que quienes no cumplan con las medidas referentes a la eficiencia energética, como la instalación de contadores, pueden ser sancionados con una multa de 1.000 a 10.000 euros.
