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Pedro Sánchez ha comunicado la creación de un nuevo programa de ayudas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda mediante la fórmula del alquiler con opción a compra. La medida, que contempla un apoyo económico de hasta 30.000 euros, busca reactivar una modalidad habitacional que suele cobrar protagonismo en contextos de crisis.
El anuncio se produjo este lunes y forma parte de un paquete de iniciativas para mejorar la accesibilidad residencial. Aunque aún no se han detallado los criterios de aplicación, desde el sector se plantean dudas sobre su estructura fiscal y operativa.
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, considera clave conocer cómo se instrumentará la ayuda, es decir, si se abonará mensualmente para cubrir el alquiler o se otorgará como un pago único al ejercer la compra. También alerta sobre las implicaciones fiscales para los beneficiarios.
Font subraya que para que el alquiler con opción a compra sea una alternativa eficaz, se requiere seguridad jurídica para ambas partes. “Deben establecerse contratos claros que fijen plazos, precio de venta cerrado y el mecanismo para descontar lo pagado en concepto de alquiler. Además, se debe precisar qué ocurre si finalmente no se ejecuta la compra”, explica.
Vivienda rural: ayudas existentes y desafíos estructurales
El plan anunciado por el Ejecutivo incluye también una dotación de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en zonas rurales, en línea con programas ya activos en algunas comunidades autónomas de la llamada “España vaciada”. El objetivo es incentivar el asentamiento de población en áreas con baja densidad demográfica.
Sin embargo, Font advierte que la escasa oferta de empleo en estos territorios sigue siendo un freno estructural, salvo en proyectos puntuales. “Para que estas ayudas tengan impacto real, habría que revisar también el régimen fiscal de los autónomos, cuyos costes siguen siendo elevados en el medio rural”, añade.
Perspectiva del sector: necesidad de políticas estructurales
Desde pisos.com señalan que, sin detalles técnicos y de ejecución, es prematuro evaluar la efectividad real del incentivo de 30.000 euros o de la ayuda rural. En cualquier caso, concluyen que el mercado residencial atraviesa un desequilibrio persistente entre oferta y demanda que requiere políticas estructurales sostenidas en el tiempo.
