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Las empresas que no cumplan con la obligación de medir la concentración de gas radón en determinados centros de trabajo pueden enfrentarse a sanciones de hasta 819.780 €, según la normativa de prevención de riesgos laborales y protección radiológica. Ante el cierre de la campaña obligatoria de medición el próximo 31 de mayo, Molins recuerda que la finalización del plazo marca el inicio de una nueva fase centrada en el análisis de resultados y la posible adopción de medidas correctoras.
La obligación afecta a centros de trabajo situados en planta baja o bajo rasante dentro de los más de 1.700 municipios considerados de actuación prioritaria por el Consejo de Seguridad Nuclear. Las mediciones debían realizarse durante un mínimo de tres meses dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, coincidiendo con la época de mayor concentración de radón.
La normativa incluye espacios de uso habitual como oficinas, comercios, gimnasios, talleres, laboratorios, aparcamientos subterráneos o locales de atención al público. Quedan excluidas únicamente las zonas de tránsito o de ocupación esporádica.
Según recuerda la compañía, el radón es un gas radioactivo de origen natural que puede acumularse en interiores, especialmente en espacios en contacto directo con el terreno. Aunque no es visible ni detectable por olor, concentraciones elevadas pueden representar un riesgo para la salud si no se controlan adecuadamente.
El CSN establece un nivel de referencia de 300 Bq/m³ como promedio anual. Cuando se supera este umbral, las empresas están obligadas a reducir la concentración o la exposición mediante medidas técnicas ajustadas a los criterios del Código Técnico de la Edificación. Entre las soluciones más habituales se encuentran las barreras frente a la entrada del gas, sistemas de despresurización del terreno o mejoras en la ventilación y sellado de infiltraciones.
Molins insiste además en que la validez de las mediciones depende de una correcta planificación técnica y del análisis de los detectores por laboratorios acreditados. No basta con instalar dispositivos de medición, sino que la empresa debe acreditar que el proceso se ha realizado conforme a los requisitos normativos.
La compañía subraya que el control del radón debe abordarse como una estrategia continua. Tras implantar medidas correctoras, es necesario realizar nuevas mediciones para comprobar su eficacia y repetir los controles periódicamente, especialmente tras reformas o modificaciones que puedan alterar la ventilación del edificio.
Según explica David Rodríguez, el principal riesgo para muchas empresas no está únicamente en incumplir el plazo de medición, sino en no actuar posteriormente sobre los resultados obtenidos y las posibles deficiencias detectadas.
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