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Isabel Rodríguez presidió este jueves la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana en la que Gobierno y comunidades autónomas aprobaron por unanimidad la distribución final de fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El acuerdo contempla una movilización total de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026.
Según explicó la ministra, el objetivo del plan es reforzar la construcción de vivienda protegida, impulsar la rehabilitación energética y mejorar la protección de colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
El Estado aportará el 60% de la financiación
El nuevo plan establece un modelo de financiación compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana asumirá el 60% de la financiación, equivalente a 4.200 millones de euros entre 2026 y 2030, mientras que las comunidades autónomas aportarán un mínimo de 2.800 millones.
Entre las regiones con mayor volumen de inversión destacan:
- Andalucía: 1.197 millones de euros
- Comunidad de Madrid: 1.113 millones
- Catalunya: 1.015 millones
- Comunitat Valenciana: 798 millones
El reparto incluye además financiación específica para Ceuta y Melilla.
Más vivienda nueva y más rehabilitación
El plan reserva al menos un 40% de los fondos para actuaciones de construcción y adquisición de vivienda.
Otro 30% se destinará a la rehabilitación del parque residencial, mientras que el porcentaje restante financiará medidas de protección social y actuaciones orientadas a colectivos y territorios con mayores necesidades.
El Gobierno señala que el nuevo modelo triplica los recursos gestionados por las comunidades autónomas respecto al anterior programa estatal.
Protección permanente y control antifraude
Entre las principales novedades, el Plan Estatal de Vivienda incorpora mecanismos destinados a garantizar la protección permanente de las viviendas construidas con financiación pública.
Asimismo, el programa incluye cláusulas antifraude para reforzar la transparencia en los procesos de adjudicación de vivienda protegida.
El plan también contempla medidas orientadas a mejorar la cohesión territorial y la creación de sistemas públicos de información sobre vivienda para facilitar el acceso ciudadano a datos actualizados y transparentes.
Consenso institucional y participación sectorial
Según el Ministerio, la redacción del plan ha sido fruto de un proceso de negociación desarrollado durante los últimos meses con comunidades autónomas, agentes sociales, entidades sectoriales y expertos.
El departamento dirigido por Isabel Rodríguez asegura haber mantenido 28 reuniones técnicas y recibido 365 aportaciones durante el proceso de elaboración del documento.
El nuevo marco estatal se presenta además como una de las principales herramientas del acuerdo impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reforzar las políticas públicas de vivienda y ampliar la oferta residencial asequible.
