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La patronal reclama un marco estable que reduzca la incertidumbre, facilite inversión industrial y acerque los precios energéticos a Europa.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española enmarca esta petición en un contexto de volatilidad de los mercados energéticos y de presión sobre los costes industriales. A su juicio, las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo, como rebajas fiscales y ajustes regulatorios, han ayudado a amortiguar parte del impacto de la crisis energética, pero siguen teniendo en muchos casos un carácter temporal.

Por ello, la organización defiende que el nuevo paquete normativo suponga un paso más y dé continuidad a las iniciativas que han mostrado utilidad, con una orientación de medio y largo plazo. El objetivo, sostiene, es dotar a la industria de un entorno más previsible para planificar inversiones y mantener capacidad competitiva frente a otros mercados europeos.

La electricidad, en el centro de la competitividad industrial

La Alianza subraya que el coste de la electricidad sigue siendo uno de los factores que más condicionan la competitividad de la industria española. En su análisis, España mantiene una desventaja frente a otros países europeos con los que compite por actividad productiva e inversión industrial, por lo que considera prioritario reducir esa brecha mediante medidas regulatorias y fiscales estables.

En este contexto, la organización plantea cinco prioridades para el nuevo marco energético:

  • Eliminar de forma definitiva el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, IVPEE, con el objetivo de reducir el precio mayorista de la electricidad y abaratar la factura industrial.
  • Extender la bonificación del 85% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, IEE, a toda la industria manufacturera, ampliando el número de beneficiarios y vinculando esta medida a compromisos de eficiencia energética.
  • Integrar los costes de restricciones técnicas en los peajes de acceso, evitando que estos costes volátiles se trasladen directamente al precio de la energía y aproximando el modelo español al de otros países europeos.
  • Consolidar de forma permanente la reducción del 80% en los peajes de acceso para la industria electrointensiva, eliminando la incertidumbre que generan las prórrogas anuales y favoreciendo decisiones de inversión en electrificación y descarbonización.
  • Maximizar las compensaciones por costes indirectos de CO₂, aplicando el nivel más alto permitido por la normativa europea, entre el 75% y el 80%, y garantizando dotación presupuestaria suficiente.

Según las estimaciones de la propia Alianza, la aplicación conjunta de estas medidas permitiría reducir el coste eléctrico industrial entre un 10% y un 30%. A su juicio, este ajuste acercaría a España a los niveles de sus principales competidores europeos y mejoraría las condiciones para atraer inversión productiva a largo plazo.

Renovables y marco regulatorio

La organización también insiste en que España dispone de una ventaja potencial en generación renovable, pero advierte de que ese activo solo se traducirá en una mejora real de la competitividad si existe un marco regulatorio y económico capaz de trasladar ese beneficio al conjunto del tejido industrial.

En paralelo, la Alianza señala que ha intensificado en las últimas semanas el diálogo con el Ejecutivo y valora positivamente el espacio de interlocución abierto con los sectores industriales de cara a la aprobación del nuevo decreto.

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