El alumbrado supone la factura más elevada, ubicándose entre el 40 % y el 60 % del consumo eléctrico municipal. España cuenta con más de 8 millones de puntos de luz y unas 4.100 horas de funcionamiento anuales, además de presentar uno de los consumos por habitante más altos de Europa.
«Un ayuntamiento no puede dejar de dar servicio porque la luz suba: las calles se tienen que iluminar igual. Así que cada subida sale de la partida de inversión o de mantenimiento, que es justo la que permitiría ahorrar. Se entra en un círculo vicioso», explica Javier Muñoz Lucas, CEO de ECO Solutions.
Según indica, la energía municipal se gestiona a toro pasado, por falta de medios, ya que hay consistorios donde una sola persona lleva el alumbrado, los edificios y medio urbanismo. Muñoz destaca que el primer paso es saber dónde se va la energía, y recuerda la importancia de revisar la potencia contratada o los horarios de encendido.
Del LED a la luz inteligente
Los cálculos de ECO Solutions indican que gestionar las luminarias de forma inteligente puede reducir su consumo entre un 25 % y un 35 % adicional, bajando la intensidad en las horas de poco tránsito y ajustando los encendidos a la luz natural. Sumado al paso desde el antiguo vapor de sodio, la reducción puede superar el 70 % respecto a la instalación original.
En un ejemplo planteado por la compañía, un municipio de 20.000 habitantes con unos 3.500 puntos de luz LED gasta alrededor de 115.000 euros al año en alumbrado. Con regulación punto a punto podría ahorrar unos 34.000 euros en la factura y otros 9.000 en mantenimiento, además de evitar unas 25 toneladas de CO₂ anuales. La inversión, de unos 245.000 euros, se recuperaría en 5 o 6 años, un plazo que puede bajar a 2 o 3 años si se regula desde los cuadros eléctricos, aunque con un ahorro menor.
Organización y confianza
Para el CEO de ECO Solutions, el principal problema es la organización, que se ve afectada por una falta de personal, largas licitaciones y la desconfianza que generaron algunos sistemas cerrados que dejaron de funcionar cuando desapareció el proveedor. La respuesta ante este desafío reside en conocer bien el consumo, eliminar el innecesario y apostar por soluciones abiertas. «Los ayuntamientos no pueden decidir cuánto cuesta la electricidad, pero sí cuánta consumen. Hoy muchos trabajan casi a ciegas, y no por falta de voluntad, sino de herramientas», concluye Muñoz Lucas.




