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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Gobierno Vasco han mantenido esta mañana su primera reunión bilateral tras la adhesión de Euskadi al Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030, presentado por el Ejecutivo en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona. En el encuentro han participado la ministra Isabel Rodríguez, el secretario de Estado David Lucas, el consejero vasco Denis Itxaso y el viceconsejero Miguel de los Toyos.
Este acuerdo propone triplicar los recursos públicos destinados a vivienda respecto a planes anteriores, con una financiación compartida entre el Estado (60%) y las comunidades autónomas (40%). También contempla el refuerzo de la protección de las viviendas públicas y la creación de un sistema de datos accesible para mejorar la transparencia del mercado, especialmente el del alquiler.
La ministra ha valorado positivamente la implicación del Gobierno Vasco y ha instado a las comunidades que aún no se han sumado al acuerdo a reconsiderar su posición. “Son más recursos para más vivienda, para protegerla y para aportar transparencia, y quien rechace esto tendrá que explicarlo a la ciudadanía”, afirmó.
6.500 nuevas viviendas en zonas tensionadas
Durante la reunión, el consejero Denis Itxaso ha defendido la voluntad del Gobierno Vasco de participar activamente en este marco de cooperación interinstitucional, y ha subrayado el papel estratégico de la vivienda protegida como infraestructura social. En este sentido, anunció que el Departamento de Vivienda prevé construir unas 6.500 viviendas y alojamientos dotacionales hasta 2031, en zonas ya declaradas o en proceso de declaración como zonas tensionadas.
Esta actuación se enmarca en los objetivos del Pacto Social por la Vivienda 2036, y busca restablecer el equilibrio entre oferta y demanda en los territorios con mayor presión del mercado inmobiliario.
Financiación adicional para zonas tensionadas
En el transcurso del encuentro también se abordó la aplicación de la Ley de Vivienda en Euskadi, que ya ha iniciado el proceso de declaración de 11 municipios como zonas tensionadas. Esta situación permitirá al Gobierno Vasco recibir más de 5 millones de euros adicionales para desplegar medidas de contención y corrección del desequilibrio habitacional.
Estos fondos forman parte de una partida estatal de 35 millones de euros, que se distribuirá entre las comunidades autónomas que hayan declarado o estén tramitando la declaración de zonas tensionadas a lo largo de 2025.
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