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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la necesidad de reorientar las cerca de 900.000 viviendas que, según datos del Banco de España, actualmente se destinan al turismo o a la inversión para incrementar la oferta de vivienda residencial. La propuesta fue presentada durante la clausura del seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica, APIE, celebrado en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Durante su intervención, Rodríguez explicó que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora instrumentos para facilitar la incorporación de estos inmuebles al mercado del alquiler asequible. Según la ministra, el objetivo es responder a uno de los principales problemas sociales mediante medidas de movilización del parque existente.
Entre las iniciativas previstas figura una línea de ayudas para la adquisición de viviendas por parte de las comunidades autónomas. La financiación estatal cubrirá hasta el 70% del coste de compra, porcentaje que podrá elevarse al 85% en zonas tensionadas, con el compromiso de destinar posteriormente esos inmuebles al alquiler asequible.
El plan también contempla incentivos para propietarios particulares que cedan sus viviendas a las comunidades autónomas durante un periodo de siete años. La administración autonómica gestionará íntegramente el alquiler, asumirá la rehabilitación cuando sea necesaria y devolverá el inmueble al finalizar el contrato. El programa establece un precio máximo de alquiler de 600 euros mensuales, al que se añadirá la ayuda pública correspondiente.
La ministra estructuró su intervención en torno a tres ejes: la necesidad de priorizar soluciones, abordar la vivienda como un derecho constitucional y reforzar la colaboración entre administraciones públicas, sector privado y entidades sociales para ampliar la oferta residencial.
Rodríguez también defendió el papel de la regulación pública para garantizar el acceso a la vivienda. En este contexto, respaldó medidas como el control de los precios del alquiler y la actuación frente a los pisos turísticos ilegales, al considerar que la intervención es necesaria para proteger este derecho.
En cuanto al balance de la acción del Gobierno desde 2018, la ministra destacó que las licitaciones para vivienda pública han superado los 4.700 millones de euros en siete años, frente a los 1.277 millones registrados durante el último Gobierno de Mariano Rajoy. Asimismo, señaló que se han calificado 113.988 viviendas protegidas, más del doble que en las tres legislaturas anteriores, y que el Ejecutivo ha destinado 27.497 millones de euros a políticas públicas de vivienda, entre presupuesto propio y transferencias a las comunidades autónomas.
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