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La patronal propone reforzar la seguridad jurídica, reducir la carga fiscal de la vivienda protegida y agilizar el desarrollo de nuevos proyectos.

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha trasladado al Gobierno una serie de propuestas para el nuevo paquete de medidas en materia de vivienda, centradas en reforzar la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico, aplicar una fiscalidad específica para la vivienda protegida y favorecer la movilización de inversión pública y privada con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda asequible.

La organización considera que las medidas dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda deberían incorporar actuaciones que faciliten la producción de nuevas viviendas, impulsen la disponibilidad de suelo, reduzcan los plazos administrativos y aporten estabilidad regulatoria para favorecer la inversión.

Entre sus principales propuestas figura una reforma de la Ley del Suelo que evite la anulación íntegra de planes urbanísticos por defectos formales o procedimentales que puedan corregirse. Según la asociación, la normativa debería diferenciar entre infracciones sustanciales y errores subsanables, con el fin de aportar mayor seguridad jurídica al desarrollo urbanístico.

En materia fiscal, APCEspaña propone aplicar un IVA del 4% a toda la vivienda de protección oficial, al considerar que esta medida reduciría el coste final para los compradores al tratarse de viviendas con precios máximos regulados. Asimismo, plantea revisar la fiscalidad del derecho de superficie cuando se utilice para desarrollar vivienda asequible sobre suelo público y analizar el impacto de determinadas cargas municipales, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas urbanísticas, sobre la promoción de vivienda nueva.

La asociación también defiende una estrategia que combine seguridad jurídica, agilidad administrativa, financiación, movilización de suelo público y privado y colaboración público-privada para aumentar la oferta residencial.

En este contexto, el presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, sostiene que los acuerdos entre administraciones y sector privado deberían orientarse a incrementar la producción de vivienda y favorecer el acceso residencial mediante medidas de carácter estructural.

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