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En concreto, con estos acuerdos se impulsa la construcción de más de 688 viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes en varios municipios de Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Navarra, y la rehabilitación a nivel barrio para regenerar hasta 952 viviendas en diferentes municipios canarios, madrileños y murcianos. Estas subvenciones, según ha apuntado la ministra, “podrán llegar hasta 21.400 euros por vivienda y ser del 100%” en el caso de propietarios o usufructuarios en situación de vulnerabilidad.
Al acto ha asistido el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga; Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis; Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja, Eva María Hita Lorite; Vicepresidente Segundo y Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos de la Comunidad Foral de Navarra, José María Aierdi Fernández De Barrena; el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y representantes de los ayuntamientos.
Durante su intervención, Raquel Sánchez ha recordado la importancia de ampliar el parque de vivienda pública y mejorar habitabilidad y sostenibilidad del ya existente para contribuir así a garantizar el derecho constitucional a la vivienda. “Durante demasiado tiempo se ha mirado hacia otro lado. Se ha evitado enfocar la vivienda bajo el prisma de los derechos humanos. Y eso ha provocado que el concepto de vivienda como derecho fuera sustituido por el de vivienda como bien especulativo”, ha asegurado.
En este sentido, ha aprovechado para destacar la necesidad de tener una Ley de Vivienda llamada a ayudar a consagrar el derecho a la vivienda, proteger la vivienda pública existente, aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios reducidos y controlar las rentas en las zonas más tensionadas. Todo ello dentro de un Plan Estatal de Vivienda que nace con la intención de atender las necesidades más urgentes y que “incluye ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios; a personas sin hogar; a otras especialmente vulnerables; y, por supuesto, a los jóvenes”, ha apuntado.
En palabras de la ministra, “la ausencia de una política de Vivienda digna nos ha conducido hasta aquí y ha propiciado buena parte de los efectos que ahora sufrimos. Hablo de subidas abusivas de precios, de tensiones en determinadas zonas de las grandes ciudades y de una intensa especulación que ha expulsado del mercado a las clases menos pudientes”. Para poner coto a esta situación, el Gobierno ha establecido como punto de partida en su plan de acción que el acceso a la vivienda no esté supeditado a los ingresos de las familias ni reste recursos de manera desproporcionada. “Nuestro empeño ha sido asegurar la función social de la vivienda, o lo que es lo mismo, configurarla como un servicio público de interés general”.
